Impulsa Igualdad Murcia celebra su 10º aniversario con una cena solidaria abierta a la ciudadanía

Impulsa Igualdad Murcia celebra su 10º aniversario con una cena solidaria abierta a la ciudadanía

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El evento tendrá lugar en el restaurante La Casa de la Luz, donde se espera reunir al mayor número posible de personas entre socias, amistades, familiares y colaboradores que han formado parte del recorrido de la entidad a lo largo de estos años. Será una noche especial para poner en valor el trabajo realizado y reforzar los vínculos que han hecho posible este proyecto colectivo.

La cena contará con un menú elaborado por el propio restaurante y estará acompañada por la actuación musical de Michel Havana, que pondrá ritmo a una velada que busca ser cercana, participativa y llena de momentos para el recuerdo.

El precio de asistencia será de 20 euros por persona, una cantidad reducida gracias al apoyo de Fundación ONCE y el IMAS, entidades que colaboran para facilitar que el evento sea accesible al mayor número de personas. Además, la recaudación obtenida se destinará a seguir fomentando el ocio inclusivo y las actividades deportivas adaptadas, líneas clave en la acción de Impulsa Igualdad Murcia.

Las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción a través del formulario hasta el 15 de junio.

Urge convertir la satisfacción de la ONU en una realidad tangible frente a unos «derechos en construcción

Urge convertir la satisfacción de la ONU en una realidad tangible frente a unos «derechos en construcción

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Con motivo del 20º aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) por la ONU, que celebra su Día Nacional en España el próximo domingo, 3 de mayo, IMPULSA IGUALDAD hace un llamamiento para que este tratado deje de ser solo un hito simbólico y se convierta en una realidad tangible para todas las personas.

La aprobación de este texto en 2006 marcó el giro definitivo desde un enfoque asistencial hacia un modelo social de derechos humanos, donde las personas con discapacidad dejaron de “ser objeto de protección para convertirse en sujeto activo de decisiones”, ciudadanos/as de pleno derecho, resalta el presidente de IMPULSA IGUALDAD, Franciso J. Sardón.

En estas dos décadas, España ha alcanzado logros relevantes. El más destacado fue la reforma del artículo 49 de la Constitución en enero de 2024, que eliminó el término discriminatorio “disminuidos” por “personas con discapacidad”, y alineó así la Carta Magna con la dignidad y la autonomía del colectivo. Asimismo, la Ley 8/2021 de capacidad jurídica supuso un avance clave para respetar la voluntad de cada persona y erradicar las sustituciones en la toma de decisiones. No obstante, el presidente de IMPULSA IGUALDAD, Francisco J. Sardón, advierte de que «el balance no puede ser complaciente» debido a la significativa distancia que persiste entre el reconocimiento legal y el ejercicio efectivo de los derechos.

Oportunidad para revisar, exigir y avanzar

Desde la entidad se denuncia que persisten barreras físicas, digitales y actitudinales, sumadas a una financiación insuficiente y una dispersión administrativa que limitan el impacto de las políticas públicas, así como en la disparidad en el acceso al Sistema de Dependencia, con especial incidencia en el medio rural. Para Sardón, “se han desarrollado marcos normativos más ambiciosos, se ha reforzado el reconocimiento de la vida independiente y se han consolidado servicios clave como la asistencia personal, aunque todavía de forma insuficiente”, como el artículo 19, que consagra el derecho a vivir de forma independiente y a ser parte de la comunidad, “han ido ganando espacio en la agenda pública, en la planificación de políticas y en la conversación social”.

Por ello, IMPULSA IGUALDAD reclama una participación estructural de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, ya que “no se trata solo de escuchar, sino de incorporar de forma estructural su conocimiento y experiencia en el diseño, implementación y evaluación de las políticas”, especifica el presidente de la entidad. Estas medidas “deben garantizar que la accesibilidad sea un requisito transversal” en vivienda, empleo, educación, sanidad o movilidad.

Y así debe funcionar este 20º aniversario, como una “palanca para acelerar cambios, para elevar el nivel de exigencia y para situar definitivamente los derechos en el centro de la acción pública”. Como concluye Francisco J. Sardón, «los derechos no se conceden ni se celebran: se garantizan y se ejercen cada día».

El nuevo Plan Estatal de Vivienda ignora la realidad estructural de las personas con discapacidad

El nuevo Plan Estatal de Vivienda ignora la realidad estructural de las personas con discapacidad

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IMPULSA IGUALDAD ha emitido una valoración crítica del nuevo Plan Estatal de Vivienda y advierte de que, pese a algunos avances parciales, el texto aprobado no asume la dimensión estructural de la exclusión residencial que afecta al colectivo de personas con discapacidad. La organización subraya que la falta de una interlocución real con las entidades del sector ha producido un cambio de enfoque absolutamente insuficiente.

El principal reproche de IMPULSA IGUALDAD es de enfoque: el Plan sigue integrando la accesibilidad dentro del bloque de rehabilitación, como una línea de actuación más entre las de conservación, habitabilidad o eficiencia energética, en lugar de reconocerla como una condición básica del derecho a la vivienda y de la igualdad de oportunidades. «No es lo mismo una obra de mejora energética que una intervención sin la cual una persona no puede entrar en su casa, usar un baño o vivir fuera de un recurso institucional«, señala la entidad.

Entre los déficits concretos identificados por IMPULSA IGUALDAD destacan cuatro:

  • La ausencia de la mirada del colectivo: las observaciones presentadas por vías reglamentarias han tenido un reflejo mínimo y no se han traducido en una política de vivienda verdaderamente pensada desde la igualdad.
  • La falta de una política decidida para incrementar la oferta de vivienda accesible: el Plan sigue apostando por adaptaciones puntuales en lugar de transformar estructuralmente el parque residencial y los modelos con apoyos.
  • La ausencia de indicadores de impacto específicos: sin medir cuántas viviendas dejan de ser inaccesibles o cuántas personas ganan autonomía, la accesibilidad volverá a quedar diluida en objetivos generales.
  • El mantenimiento de obstáculos fiscales: determinadas ayudas de accesibilidad siguen computando como incremento de renta, perjudicando a quienes deberían ser los principales beneficiarios de la política pública.

“La vivienda accesible no puede seguir tratándose como una mejora técnica equiparable a cualquier otra intervención. Para miles de personas con discapacidad, es la diferencia entre vivir con autonomía o quedar atrapadas en la dependencia, el aislamiento y la exclusión”.

IMPULSA IGUALDAD exige al Gobierno que abra un proceso de diálogo real con las entidades representativas de las personas con discapacidad para incorporar una perspectiva de igualdad genuina en el desarrollo y ejecución del Plan, con indicadores propios, financiación diferenciada y un marco normativo que sitúe la accesibilidad universal como derecho y no como opción.