El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de reforma de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, así como de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Esta iniciativa busca fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, garantizar su accesibilidad y adaptar la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Viviendas accesibles: un derecho fundamental
Uno de los puntos clave de esta reforma es la obligatoriedad de realizar obras de accesibilidad en edificios donde residan personas con discapacidad. Estas mejoras, como la instalación de rampas o videoporteros, dejarán de ser solo recomendaciones para convertirse en derechos exigibles.
Las comunidades de vecinos estarán obligadas a tramitar subvenciones para financiar estas obras y, en caso de negativa, las personas afectadas podrán acudir a la justicia para hacer valer su derecho. Se estima que cerca de 100.000 personas mayores o con discapacidad en España siguen confinadas en sus hogares debido a barreras arquitectónicas.
Avances en el ámbito sanitario y social
La nueva legislación prohíbe la discriminación por discapacidad en los seguros de salud y garantiza la accesibilidad universal en diagnósticos, tratamientos y servicios sanitarios. Además, refuerza el derecho a la educación inclusiva y promueve la imagen positiva de las personas con discapacidad en la sociedad.
Se establecen también medidas para asegurar ajustes razonables que faciliten la plena participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.
Creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal
Para garantizar la financiación de estas medidas, el anteproyecto prevé la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal. Este recurso permitirá costear actuaciones como la instalación de rampas, la señalización accesible y el uso de tecnologías inclusivas como códigos QR, facilitando así la accesibilidad en espacios públicos y privados.
Mejoras en la atención a la dependencia
La reforma introduce cambios significativos en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), entre ellos:
- Ampliación de la asistencia personal en los servicios autonómicos.
- Fin de la incompatibilidad entre ciertas prestaciones económicas.
- Inclusión de nuevas modalidades de vivienda, como las viviendas comunitarias.
- Eliminación de la vivienda habitual del cálculo del copago de servicios de dependencia.
- Posibilidad de que los cuidadores no profesionales no sean exclusivamente familiares directos.
Hacia una sociedad más inclusiva
Este anteproyecto sitúa a las personas con discapacidad en el centro de las políticas públicas, promoviendo su autonomía y respetando su derecho a decidir sobre sus propias vidas. Se incorporan además conceptos como «capacitismo» e «institucionalización», con el objetivo de eliminar prácticas discriminatorias y construir una sociedad más justa e igualitaria.
Desde Impulsa Igualdad Murcia celebramos estos avances, que suponen un paso firme hacia la garantía de derechos y la inclusión real de las personas con discapacidad. Seguiremos trabajando para que estas medidas se apliquen de forma efectiva y lleguen a quienes más lo necesitan.
